Leire Sopuerta Biota. Madrid
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley en la que se reitera el rechazo a la introducción de fórmulas de copago por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, al entender que “afectarían gravemente a la accesibilidad, universalidad y gratuidad de la atención integral de la salud”. La iniciativa ha sido apoyada por todos los grupos salvo CiU y PNV, que se han abstenido.
Gaspar Llamazares.
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El diputado Gaspar Llamazares, encargado de defender esta iniciativa, ha insistido en que la aplicación de esta medida “no solucionaría los problemas de financiación sanitarios actuales”. Además, ha señalado que la experiencia de otros países demuestra que su aplicación es “ineficaz e ineficiente” y ha asegurado que el término copago es “engañoso” porque “en realidad debería hablarse de repago, ya que los ciudadanos ya financian el SNS con sus impuestos”.
Por ello, el diputado de IU ha defendido la necesidad de “revalidar” el posicionamiento del Congreso sobre esta medida, sobre la que ya hubo un primer pronunciamiento de rechazo el pasado 11 de marzo de 2009. Como en aquel momento, el Grupo Socialista y el Partido Popular han mostrado una vez más su rechazo al copago.
La misma postura han mantenido CiU y PNV, aunque a la hora de votar se han abstenido. Concepció Tarruella, de CiU, ha asegurado que no es partidaria de introducir el copago. “Ahora no es el momento, porque vivimos una situación de crisis económica, pero tampoco se puede mirar para otro lado”, ha dicho, al tiempo que ha pedido “retomar el Pacto por la Sanidad con el fin de introducir medida que ayuden a la sostenibilidad del sistema sanitario”. En la misma línea, Joseba Agirretxea, de PNV, ha criticado que son las Administraciones que gestionan mal los recursos las que “recurren” al debate del copago. Asimismo, ha pedido que no se tenga miedo a debatir sobre la financiación.
Ana Pastor, del PP.
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Baremo de acceso a la titularidad de las farmacias
La Comisión de Sanidad del Congreso ha rechazado la iniciativa presentada por el Grupo Popular y defendida por Ana Pastor por la que se pedía regular un baremo “único y básico” para el acceso a la titularidad de las farmacias. Los grupos han argumentado que son las comunidades las que establecen dichos baremos, por lo que consideran que la medida presentada “invadía competencias autonómicas”.
Dependencia, cribado neonatal y autismo
En contra, la Comisión ha aprobado por unanimidad una iniciativa del Grupo Mixto sobre la mejora de la financiación de la Ley de la Dependencia.
Los portavoces de CiU, Concepció Tarruella; PNV, Joseba Agirretxea; y PSOE, Pilar Grande, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
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En concreto, la medida apuesta por “analizar, junto con las comunidades, los criterios de distribución de los fondos adicionales para la dependencia”. E insta al Gobierno a que, de manera coordinada con las CCAA, se establezcan criterios que permitan garantizar un sistema de financiación de los servicios y prestaciones de los dependientes”.
Por otro lado, también se ha aprobado una proposición no de ley para solicitar la elaboración de un listado de enfermedades incluidas en el cribado neonatal igual para todas las comunidades autónomas. Del mismo modo, la Comisión ha sacado adelante una proposición no de ley que pide al Gobierno que se mejore la atención que necesitan las personas con trastornos del espectro del autismo y sus familiares.
Efectos de la contaminación en la salud
Otra de las iniciativas aprobadas ha sido defendida por el presidente de la Comisión y portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien ha sacado adelante por unanimidad una proposición no de ley presentada por su grupo -tras consensuar un texto transado con el resto de formaciones- por la que se insta al Gobierno a que se incorpore con carácter preceptivo la elaboración de un Estudio de Impacto sobre la Salud en las grandes obras de infraestructuras, urbanismo y medio ambiente, similar al ya existente de Impacto Medioambiental.
La iniciativa aprobada establece también instar al Ejecutivo central a elaborar una página web estatal de nueva creación con todos los datos de contaminación de las ciudades y comunidades y facilitar su acceso a las organizaciones ambientales y de salud, además de a los ciudadanos, a nivel particular.
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